ESPACIO LOCAL Y JURISDICCIÓN CRIMINAL EN EL ANTIGUO RÉGIMEN. LA JUSTICIA PENAL EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN (SIGLOS XVII Y XVIII)

Autor: AGÜERO ALEJANDRO
Año: 2003
Universidad: AUTONOMA DE MADRID
Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO (UNIV. AUTÓNOMA DE MADRID)
Centro de lectura: DERECHO
Director: GARRIGA ACOSTA CARLOS
Tribunal: BENJAMÍN GONZÁLEZ ALONSO , BARTOLOMÉ CLAVERO SALVADOR , MARCELA ASPELL , MARÍA PAZ ALONSO ROMERO , MARTA LORENTE SARIÑENA
Resumen de la tesis

A partir de la documentación procesal conservada en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Argentina), se desarrolla un estudio sobre las características de la justicia penal ordinaria del espacio municipal de la ciudad de Córdoba entre los siglos XVII y XVIII. Tres tipos de problemas dan estructura al trabajo: el papel institucional que juega el espacio politico municipal en la administración de justicia durante la edad moderna (Parte I); la función y composición de la ley penal entendida en sentido amplio como discurso normativo complejo y su articulación en el foro local (Parte II) y el análisis de las técnicas procesales en un contexto de magistraturas predominantemente legas en derecho y escasamente controladas por los tribunales superiores (Parte III). La primera parte del trabajo está orientada por la idea de poner de relieve la importancia del poder municipal en cuanto manifestación institucional de una idea de corporación que se sitúa en la estructura político constitucional de la monarquía moderna. A partir de aquí se explica la función que debía desempeñar la Justicia (como potestad e institución) en dicho ámbito. Se destaca, tomando el caso de Córdoba del Tucumán, la función que la justicia debía cumplir como dirección política del especial local, aún cuando se expresase como justicia "del rey". A su vez, la constante presencia de una justicia de carácter vecinal, elegida por el regimiento (alcaldes ordinarios), que convive y actúa conjuntamente con magistrados de nombramiento regio (Justicia Mayor), da cuenta de la persistencia de una claves corporativas que permiten al concejo local asumir la funcion de justicia como parte de sus responsabilidades con respecto a la república. El caso de Córdoba del Tucumán proporciona un buen ejemplo de justicia eminentemente vecinal y lega. Si desde el punto de vista de su estructuración institucional y de su perfil social la justicia aparece estrechamente vinculada a un poder local cuya sede política reside en el cabildo, en el plano de los principios con los que se identifica un derecho penal la cuestión también merece precisiones. Aquí, el caso de la remota periferia muestra la virtualidad y alcance de unas claves de justicia que se determinan y trasmiten no por un lenguaje normativo acotado al campo de la ley como expresión positiva de una voluntad legisladora, sino más bien como composición compleja de una diversidad de preceptos derivados tanto de una concepción natural del orden social, como del discurso de la monarquía y de la normatividad que las autoridades reales y capitulares podían establecer dentro del espacio municipal. Un "derecho penal" se muestra así en las actuaciones de la justicia vecinal como un discurso enraizado en un orden religioso, que impone unos valores y un lenguaje normativo. Las nociones de pecado y delito se muestran indiscernibles para los participantes del foro. A su vez, los jueces locales reproducen la ambivalencia de un discurso que busca asegurar la obediencia a través de una dialéctica de temor-amor, pendulando, por razones ideológicas y logísticas, entre manifestaciones de indulgencia, moderación y piedad, y castigos vindicativos, utilitarios y ejemplarizantes. Normas producidas por distintos centros de autoridad convergen por igual con principios que se dicen naturales, proporcionando criterios a unos jueces que cumplen su misión "castigando y perdonando cuando conviene a la república". La utilización de criterios de conveniencia según las condiciones del entorno social en la administración de justicia penal, que puede aparecer como fuente de localismos, no puede evaluarse sin embargo, como un criterio de desviación del comportamiento de los jueces periféricos. La propia concepción de lo que significa hacer justicia, implica necesariamente considerar en casa caso aquello que resultaba más conveniente a fin de conservar un orden del que los jueces se asumían como custodios. En el análisis de los testimonios procesales de una justicia municipal periférica, convergen estas mismas cuestiones y se hace necesario replantear una vez más el tópico en el que se debate el alcance de una judicatura profesional y letrada como estructura de un estado moderno. Que la justicia fuera cosas de vecinos legos y que se discutieran y decidieran en el cabildo local, en coordinación o no con la justicia mayor, medidas que tenían que ver con su administración y con el personal que debía desempeñar sus funciones, ni implicaba necesariamente que la cultura del ius commune estuviera del todo ausente. La remota localización de la ciudad de Córdoba del Tucumán no impide que entre sus vecinos principales circulen los textos que reproducen los criterios formales para sostener una administración de justicia de acuero a las pautas de una técnica letrada que puede hacerse operativa, en manos de legos, en el lejano ámbito de un municipio de frontera. Si el perfil regio o capitular de los magistrados brindaba pocos elementos de diferenciación institucional, el contraste lego/letrado no parece ser una clave suficientemente nítida de interpretación de unos modos procesales de hacer justicia en materia criminal. La distancia de los tribunales de control y la ausencia total de letrados no impedían que un grupo de hombres forjados en la discusión forente, provistos de fórmulas y enunciados aprehendidos de las prácticas y manuales, leyes y doctrinas, aspiran a mantener unos principios esenciales que podían reflejar, a veces on imprecisiones, los límites dentro de los que se consideraba legítima una decisión formal de la justicia. A finales del XVIII, cuando se refuerzan los mecanismos de control jurisdiccional y se pueden contemplar los casos de excesos cometidos por las justicias locales, puede verse de qué modo se entrecruzan la valoración de los criterios de justicia del nuevo tribunal del distrito con el comportamiento de unos jueces que asumen como principios elementales de justificación, aquellas razones que podían seguir siendo asignadas al orden de conveniencia y necesidades de la república. En este contexto, la informalidad represiva puede considerarse entonces como más representativa de la asunción pública de los medios domésticos, por parte, de las autoridades locales, que de la ignorancia o rusticidad de los jueces. Mientras aquellas causas consideradas graves se mantenían bajo los tradicionales esquemas de la jurisdicción criminal, ahora asistida por letrados y controlada por la Audiencia, una justicia rápida e informal y unas medidas compulsivas en las que se articulaba el poder de policía con el control doméstico, proporcionaban los medios para apacigurar el clamor de los hacendados. A la postre, las reformas dieciochescas, no parece que hubieran alterado la percepción de los vecinos, manifestada incluso en los primeros años del XIX en el seno del concejo capitular, de que la administración de justicia, la represión de los delitos y el mantenimiento del orden seguía siendo una cuestión que interesaba a quienes, desde el ayuntamiento, hablaban todavía en nombre de la república.