DERECHO ADMINISTRATIVO Y AUTORREGULACIÓN: LA AUTORREGULACIÓN REGULADA

Autor: DARNACULLETA GARDELLA M. MERCÈ
Año: 2002
Universidad: GIRONA
Centro de realización: FACULTAT DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE BARCELONA - UNIVERSIDAD DE GIRONA
Centro de lectura: DERECHO
Director: ESTEVE PARDO JOSÉ
Tribunal: MUÑOZ MACHADO SANTIAGO , ARNOL RAINER , REBOLLO PUIG MANUEL , BASSOLS I COMA MARTÍ , MALARET GARCÍA ELISENDA
Resumen de la tesis

El objeto de esta tesis es el análisis de la autorregulación regulada, es decir, el análisis de las normas y de los controles privados que poseen relevancia para el Derecho público. A pesar de su aparente desvinculación con el Derecho Administrativo, la autorregulación es una tendencia que se percibe cada vez con mayor nitidez, es, claramente, un fenómeno que se asocia principalmente al uso de nuevas tecnologías, pero que desborda con mucho este ámbito. La autorregulación es una noción directamente relacionada con la transformación de las formas de gobernanza impulsada desde la Unión Europea; es una nueva técnica o instrumento que las normas jurídico-públicas, a través de numerosas remisiones a la autorregulación, ponen en manos de la Administración para gestionar los fines que ésta tiene encomendados. Existe, sin embargo una clara disociación entre las esperanzas puestas en la autorregulación y la falta de respuestas que ofrece el derecho positivo. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y de la legislación que utilizan la voz "autorregulación" me ha llevado a concluir que este vocablo es, en nuestro ordenamiento, un "término sin concepto". En estas fuentes se asimila la "autorregulación" con la capacidad de autonormación de un sujeto. Es el derecho comunitario el que introduce la noción de autorregulación como una alternativa o un complemento a la desreglamentación estatal y como una manifestación de un traslado de funciones, y responsabilidades públicas a la sociedad. Por influencia del derecho comunitario, el legislador pretende, a través de la autorregulación, alcanzar dos finalidades aparentemente contradictorias: A,- Facilitar la función de garantes que tiene atribuida el Estado, mediante una intervención más extensa y más intensa en las actividades privadas. B,- Hacer efectivos los objetivos propuestos con la desregulación, mediante una contención del ejercicio de la potestad reglamentaria y una disminución de los controles, preventivos o represivos, realizados directamente por la Administración. Para salvar esta contradicción, es necesario que el legislador establezca una regulación adecuada de la autorregulación. Dicha regulación es, hoy por hoy, manifestamente insuficiente. Deberían fijarse con carácter general -y no sólo puntualmente y por sectores- las medidas adecuadas para el fomento de la autorregulación; los efectos públicos que ésta posee en cada caso, y significativamente, las garantías y controles necesarios para contrarrestar tales efectos. Esto es, los principios que rigen la actividad administrativa deberían ser aplicados también a la autorregulación en aquellos casos en los que sus diversas manifestaciones poseen efectos similares a los que son propios de los reglamentos, las inspecciones, las autorizaciones o las sanciones administrativas. Esta propuesta deja abierta la cuestión acerca de la incidencia recíproca de ambas técnicas; esto es, la incidencia de la regulación pública en la autorregulación de origen privado y,a la inversa, el impacto del desarrollo de la autorregulación regulada en el ejercicio de las potestades reglamentaria, autorizatoria, y sancionadora de la Administración. Esta cuestión solo puede ser contestada hoy caso por caso, de modo que la respuesta es distinta si se analiza una norma técnica, un código ético, un manuel de buenas prácticas, una certificación privada del cumplimiento de normas técnicas, el ejercicio de la potestad disciplinaria privada o el arbitraje. De lo que no cabe duda alguna es de que ni la autorregulación es sólo una actividad de interés privado, ni la regulación pública conserva hoy sus rasgos tradicionales.
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